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Noticias Copropiedad (18)

Es muy grave el comportamiento que vienen mostrando, de un tiempo a esta parte, las empresas de servicios, en particular, Aguas andinas y Enel. En efecto, el increíble procedimiento lo inició Aguas andinas que, en poco tiempo, cerró, una tras otra sus oficinas comerciales a lo largo de los territorios atendidos por esta empresa, transfiriendo la responsabilidad de la recepción de los pagos a otras empresas cuyas funciones son, principalmente, las de recaudación.

Poco después y luego del cambio de propiedad de la distribuidora eléctrica Enel Distribución, esta empresa determinó dejar de recibir pagos con cheques u otros medios que no sean, exclusivamente, dinero en efectivo. Si esta medida no fuera poco, ha decidido también, ir cerrando sus oficinas de recepción de pagos limitando, una vez más a los grandes usuarios.

Es claramente notorio que las Comunidades de Edificios, sólo en la Región Metropolitana más de 18.000, son enormes consumidores tanto de agua potable como de electricidad y por lo tanto, las cuentas que deben pagar mensualmente estas organizaciones, son muy abultadas, llegando, en la mayoría de los casos, a sumar cantidades millonarias. Es así entonces que, como consecuencia de estas, en nuestra opinión, arbitrarias medidas, los riesgos para quienes debemos pagar las cuentas, comienzan a ser muy comprometedores a la vez que, el nivel de dificultad que ellas implican, dificultan, severamente, la posibilidad de los edificios de cumplir oportunamente con estos pagos.

Toda esta lamentable situación se ve profundamente aumentada debido a los niveles de control que deben manejar la Comunidades para un correcto flujo de sus recursos. En efecto, como medida normal de funcionamiento, los edificios no permiten, habitualmente, el uso de transferencias de dineros, esto porque ello puede llevar un riesgo de pérdida de control sobre los dineros que se paguen, de la misma forma, el PAC es un mecanismo que, en este tipo de cuentas es riesgoso, esto debido a que, dado el paulatino aumento de los niveles de la morosidad, no siempre es posible tener la certeza de que, en la fecha de vencimiento de estas cuentas, estén disponibles los fondos para pagarlas. Más grave es aún el problema para ese sinnúmero de comunidades que, debido a la morosidad, se manejan al filo de los plazos pagando sus cuentas al segundo mes.

Por último, ante la imposibilidad de disponer de una oficina para el pago de las cuentas referidas y, peor aún, no pudiendo hacerlo, cuando es posible sino en dinero efectivo, y de ello doy crédito por haber tenido que hacerlo así, en dinero efectivo, porque no me aceptaron cheque, tarjeta o similar, debiendo concurrir a una sucursal bancaria, retirar la suma de $ 2.100.505.- en dinero efectivo para ir, posteriormente, a pagarla a Enel, en la sucursal de Plaza Egaña y en donde la cajera me señaló que no veía el problema ya que iban administradoras con “mucha más plata y sin quejarse. Obviamente que esa funcionaria no dimensionó el enorme riesgo que significa realizar de esa forma ese tipo de gestión de pago.

Todo esto demuestra dos cosas, la primera, es que nuestras autoridades políticas tienen su visión colocada en otros puntos pero, en ningún caso, en las necesidades de la población. Es, a nuestro juicio, extremadamente lamentable que, empresas de origen extranjero (aguas Andinas de capitales españoles y Enel Distribución de capitales italianos), no tengan que cumplir ningún tipo de norma que facilite el pago de los servicios que prestan. Efectivamente, las enormes utilidades que reflejan sus balances, contrastan con estas medidas destinadas a disminuir sus costos por la vía de desvincular personal y cerrar oficinas, pero, en ningún caso, a otorgar facilidades a los usuarios que son, finalmente, la fuente de sus utilidades.

La otra cosa que queda demostrada con estas acciones, es la más absoluta inoperancia de las organizaciones gremiales que, en su esencia, debieran preocuparse por tratar de resolver este tipo de situaciones. Basta con leer la prensa o asistir a publicitados “seminarios” de dudosa calidad, en los que no se hace mención, ni una sola palabra, para abordar seriamente este problema. ¿La razón de ello? Pueden Uds. sacar sus propias conclusiones cuando, en estos seminarios u otras actividades, no se critica a estos actores del mercado, pero sí se encuentran marcando presencia, precisamente, ante un segmento de enorme importancia para ellos, las comunidades de edificios y sus administradores.

Hace ya mucho tiempo que los administradores de edificios en nuestro país, se encuentran en un estado de abandono creciente, sin embargo, las responsabilidades siempre deben ser compartidas, si bien las organizaciones gremiales están dormidas, no es menos cierto que sus bases, no les exigen cuenta, no del tipo económico, sino cuentas de la gestión realizada.

Debemos iniciar una fuerte campaña para reposicionar a las organizaciones gremiales, exigiéndoles, principalmente, fortalecer la gestión del administrador mediante el trabajo para un reconocimiento público a nivel nacional y así, permitir que se nos respete, incluso en este tipo de situaciones como las comentadas de las distribuidoras de agua y electricidad ya mencionadas.

 

 

 

Con gran sorpresa hemos podido apreciar cómo, empresas que hasta hace muy poco tiempo tenían como único objetivo el prestar servicios de procesamiento de datos a los Administradores, hoy están desarrollando un vuelco en su modelo de negocio, orientándolo a una forma diferente de generar rentabilidad.

En efecto, con la irrupción desenfrenada de un nuevo actor en este mercado de las plataformas para generar y operar los gastos comunes en las comunidades de edificios, se ha producido un enorme revuelo entre los diferentes competidores debido, especialmente, a los diferentes frentes de acción que este nuevo actor está ofreciendo.

Si bien es cierto, las diferentes plataformas dedicadas a ofrecer servicios de soporte tecnológico para el manejo de los gastos comunes tienen en común ser servicios que operan mediante el arriendo de sus softwares, es decir el usuario jamás será propietario de nada, y además ser, finalmente, depositarios absolutos de las bases de datos de sus clientes sin asumir ningún tipo de responsabilidad sobre los millones de datos que pueden llegar a manejar, tienen además, la facultad de que, el contratar sus servicios mantiene al cliente cautivo y cancelando la mensualidad, en tanto se mantenga arrendando su producto.

Sin embargo, estas plataformas tienen además en común, el agravante para el administrador, que por cada nueva comunidad que ingresa a su cartera de trabajo, significará un nuevo desembolso mensual que irá incrementando el arriendo mensual que ya cancela a ese proveedor.

Pero quizás lo más grave de esta nueva competencia tecnológica, reside en que, frente al afán de captar el mayor número de clientes para su modelo de negocio, estos softwares o plataformas, ya no están dirigidos a los Administradores, precisamente por el enorme costo mensual que les significa el incremento de sus carteras al tener que pagar los arriendos mensuales, sino, están dirigidas a las Comunidades como cliente final, de manera de permitir un agobiante acoso al Administrador a través de la exposición excesiva a partir de la información entregada en la web que, en muchas oportunidades, no está completa u ofrece una visión sesgada de la realidad con datos en proceso e incompletos de la Comunidad, todo esto mediante el expediente de señalarlo como “transparencia”.

Realidades como esta, quedan claramente establecidas en una nota publicada en Linkedin por uno de estos actores y quien se denomina experto de esa empresa en este tema sin señalar su nombre, empresa que además, se denomina pionera en incorporar software de administración, en circunstancias de que los pioneros en ese tema tienen ya 25 y 15 años operando en este mercado y no son, precisamente, esa firma.

Pero yendo al fondo de la nota, este experto  señala por ejemplo que “los vecinos que hoy viven en edificios, verán modificada sustancialmente la forma de relacionarse con el Administrador debido a la digitalización de las comunicaciones”.

Entre estas ventajas señala, por ejemplo que la implementación de plataformas digitales hará que la relación e interacción entre copropietarios sea mas simple y directa ya que estarán interconectados. Al respecto, ¿recuerdan Uds. señores administradores esas comunicaciones con diatribas a nuestra gestión y a nuestras decisiones como cortar la luz por deuda, distribuidas mediante correos electrónicos masivos al interior de las comunidades? No sé si se estará refiriendo a este tipo de interconección que por lo demás, ha demostrado ser tremendamente dañina.

Luego manifiesta ¿Se imagina toda una Comunidad negociando directamente con proveedores para lograr beneficios? Lograrían, según el experto, grandes beneficios económicos…entonces, para qué está el Administrador.

También indica, claramente, que las nuevas plataformas irán en beneficio de las Comunidades y nuevamente preguntamos, ¿Dónde queda el Administrador? Por último señala que con el empleo de estas plataformas, se tendrá como resultado el que muchas de las actividades que emplean a funcionarios que trabajan al interior de las Comunidades, se externalizarán o bien se automatizarán lo que implicara reducción de costos por una disminución del personal.

Resulta lamentable y preocupante como, de una forma silenciosa pero muy sistemática, estas empresas que sustentan las nuevas plataformas para operar los gastos comunes en las comunidades, están monopolizando el mercado realizando cursos para Administradores de Edificios, para Mayordomos, etc, con lo que se va cerrando un círculo que, finalmente, nos llevará a descubrir, más temprano que tarde, que estas plataformas serán no sólo operadores de gastos comunes, sino propietarios de toda la información de los cientos de miles de personas que viven al interior de las Comunidades.

La información es poderFrancis Bacon, Londres 1561 - 1626

En efecto, el sólo nombre me lleva la memoria a épocas terribles en que la humanidad observó, incrédula, como la segregación era aplicada para preservar  la pureza de la especie.  Frente a ello el mundo reaccionó jurando que no volvería a suceder… Y está sucediendo…

En muchos países y ahora en el nuestro, estamos asistiendo a la más tremenda forma de rentabilizar una inversión habitacional, a costa de llevar la calidad de vida de los beneficiarios,  a su más mínima expresión. Es así como, por ejemplo, en estas torres de la Comuna de Estación Central,

1)      No existen estacionamientos suficientes para residentes y, por supuesto, mucho menos para sus visitas, requisito insoslayable en cualquier edificación y en cualquier Comuna, claro, con la excepción de EC;

2)      Considerando la cantidad de personas, que habitan esas torres más sus visitas, se han considerado tres ascensores para cada torre, lo que implica largas esperas para abordarlo y llegar a casa después de una jornada laboral. En cualquier comuna del país con Plano Regulador, la cantidad de ascensores está definido por la carga promedio de personas que habita el lugar y que los usarán;

3)      La extracción de residuos sólidos tampoco fue considerada, de tal forma que los camiones recolectores tuvieran los accesos y las condiciones de retiro que los volúmenes de basura requirieran, eso tampoco ocurrió, generando tremendos problemas al edificio y a los vecinos.

Así, podríamos continuar con una larga lista de deficiencias, como el nivel de ruido, la sobrepoblación por unidad u otras que afectará, irremediablemente, la calidad de vida de las personas. Está claro que quienes construyeron no pensaron en ninguno de estos problemas, sólo calcularon la rentabilidad y así realizaron un enorme aporte a sus bolsillos y otro mayor a la segregación de las personas, las que, invariablemente, terminarán enfermas y el edificio presentará una altísima rotación con un mayor deterioro y pérdida de su plusvalía.

Ahora viene una gran pregunta, ¿Alguien pensó en cómo se podrá administrar una mole de estas características? La respuesta hoy es desconocida, quizás en un año más exista una fórmula que permita administrarla, en especial considerando que estas moles, necesitan mantenciones, las que deberán ser más frecuentes dado el mayor nivel de uso que tendrán.

En atención a su tamaño, requieren una dotación de personal importante, tanto para labores de aseo como de control de acceso de personas y además, el personal necesario para el manejo de los residuos.

Requerirán normas de conducta muy bien reguladas y alguna autoridad de la Comunidad que las haga respetar y así, la lista de necesidades es muy larga y, desgraciadamente, todas ellas significan costos.

La experiencia ha ido demostrando que, a mayor tamaño de los edificios, la administración de ellos comienza a ser mucho más difícil. Si además consideramos que el carácter de los ciudadanos se ha deteriorado en demasía y junto con ello aflora la falta de respecto, la insolencia, la agresividad y otra serie de calificativos similares, nos encontramos enfrentado a un escenario muy conflictivo. Si amplificamos este análisis a edificios con más de 1.000 departamentos con mil problemas diferentes, es imaginable la dificultad que ello puede llegar a ser.

Sumémosle a estos antecedentes, la, cada vez mayor, desconfianza de las personas en las personas. Tanto hecho de corrupción donde la danza de miles de millones robados por personas que, finalmente, después de un tiempo, se diluyen en el olvido y  nadie paga, hace que  a los Administradores se nos tilde de “corruptos” desde antes de conocer nuestro trabajo, nuestras formas de hacer gestión, y de escuchar nuestras recomendaciones, por ello, pensamos que, en condiciones normales ya se nos hace muy difícil la tarea de realizar un trabajo de por sí muy incomprendido, pensamos entonces, como podría ser en edificaciones del tamaño de los edificios de Estación Central.

Entendemos al Intendente Orrego, sin embargo, su denominación de guetos verticales, sólo le dio una enorme amplificación a estos hechos, pero, en estricto rigor, nada ha cambiado, y eso es lo que los ciudadanos reclaman, son muchas palabras rimbombantes, pero ninguna otra autoridad ha dicho ni hecho nada para evitar que en el futuro, nuestros compatriotas continúen segregándoseles en Estación Central con nuevos edificios de este tipo.

Falta una acción decidida de la autoridad para definir normas de construcción que tengan un carácter humano, que dignifiquen a sus habitantes y que permitan crear ciudades de compatriotas alegres y felices de tener “un techo” pero  muy grato. He revisado las posturas de profesionales en el mundo que, pensando en edificaciones masivas, las han dignificado de una forma que, vivir masivamente así es un placer, si no, veamos este edificio The Interlace en Singapur.

 

Son más de 1200 unidades, distribuidas entre oficinas, comercio y  departamentos, privilegiando las áreas verdes  y la aireación  de los módulos y en consecuencia, entregándole al residente, una calidad de vida de excelencia y a la ciudad, un entorno envidiable, moderno y, probablemente, más rentable que estas feas moles en Santiago.

Por último, es muy lamentable que, una vez más, los Administradores de Edificios hayan sido ignorados tanto para planificar estas moles como para expresar críticas y escuchar nuestras sugerencias, 80 años de experiencia, entre la promulgación de la ley 6.071 en Agosto de 1937 hasta la promulgación de la ley 19.537 del 16 de diciembre de 1997, fecha a partir de la cual se  comienzan a formar las organizaciones gremiales, nos dan la autoridad suficiente como para expresar nuestra opinión.


 

 

 

 

Ponemos en su conocimiento la carta que nuestro Director y Presidente del RNA ha dirigido a los colegas  y a los medios dando respuesta a las graves injurias exhibidas por el diario El Mercurio y Emol.cl el día 03 de Abril pasado. Agradeceremos sus comentarios.

Hemos asistido con no poca sorpresa pero sí con una enorme perplejidad, al reportaje emitido por el diario de circulación nacional El Mercurio que, dándole cabida a un sub comisario de la PDI, señor Alex Manriquez,  quien no teniendo la menor idea de cómo funciona la gestión del Administrador y de cómo se desarrolla toda la gestión de la administración de comunidades, asumió como propios los dichos del señor Presidente del CGAI don Sergio Román que, entre otras cosas, sostuvo, con absoluta liviandad, que sólo los administradores colegiados en el CGAI eran recomendables para evitar estafas, organización que, por lo demás, no alcanza a los 180 socios y que como queda demostrado en las opiniones vertidas en Emol.cl, tanta pulcritud, no sería una aseveración cierta.


 

 

 

Los desafíos en esta materia van de la mano de capacitar al personal idóneo para el rescate de personas en un ascensor, teniendo en cuenta que hay marcas y tecnologías diferentes. La Cámara Chilena de la Construcción elaboró un manual de ascensores en el cual se plantean recomendaciones de seguridad.


 

Empezaremos por explicar que es la Copropiedad Inmobiliaria (concepto): es una institución jurídica que hace alusión al conjunto de normas que regulan la división y organización de diversos inmuebles, como resultado de la segregación de un edificio común a los copropietarios.

De acuerdo a la  Enciclopedia Wikipedia, en sí la Copropiedad Inmobiliaria no es un bien inmueble en particular sino un régimen que reglamenta la forma en que se divide un bien inmueble común, la relación entre los propietarios de los bienes privados y los bienes comunes que han sido segregados de un terreno o edificio. La Copropiedad Inmobiliaria permite la organización de los copropietarios y el mantenimiento de los bienes comunes.

 

El seremi de Salud de la Región Metropolitana, Carlos Aranda, fiscalizó durante esta mañana dos piscinas de edificios y condominios de la capital, para constatar el cumplimiento de la normativa sanitaria en estos recintos de alta concurrencia, debido a las altas temperaturas y el inicio de las vacaciones de los escolares.

Ayer 31 de Mayo de 2016, nuestro Director, Renato Deformes, fue entrevistado por chvnoticias para opinar sobre las repercusiones de una comunidad tras la supuesta estafa de un administrador.

 

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La ley establece que la certificación de un ascensor tiene una validez de un año. Transcurrido este tiempo, el equipo debe ser nuevamente sometido a la certificación correspondiente, por un ente autorizado para estos efectos.  

 

Los ascensores se han transformado en aliados de todos quienes residen o trabajan en edificios de altura y transportan a una gran cantidad de usuarios cada día.

Pero en todo proyecto inmobiliario, los ascensores deben cumplir con ciertas características específicas en cuanto a su instalación, mantenimiento y operación, estos aspectos son los que establece la autoridad competente, en este caso el Minvu. "Especialmente, la normativa NCh 440/1.Of2000 que habla de los requisitos mínimos de diseño, instalación y operación para ascensores electromecánicos y la NTM006 (Norma técnica Minvu N° 006) que habla de los requisitos mínimos de diseño, instalación y operación para ascensores electromecánicos frente a sismos. Pero además, la instalación, mantenimiento y operación,  dependerá de las especificaciones técnicas de cada producto y que son características propias de cada fabricante". Adicionalmente,  para satisfacer los requisitos de diseño sísmico, la autoridad establece que se debe demostrar el cumplimiento de los requisitos de las normas ASME A17.1, o Japan Code (BSJ), o NZS 4332:1997 u otra de fabricación de sistemas de ascensores que contenga requerimientos de detalle sísmico.

Conforme a la norma

Un  ingeniero civil mecánico, certificador registrado en el Minvu y por lo tanto, especialista en inspeccionar ascensores, comenta que la certificación de los ascensores se ejecuta conforme a las normas oficiales de la República de Chile NCh 440/1 y NCh 2840/1 para ascensores y montacargas eléctricos; NCh 440/2 y NCh 2840/2 para ascensores y montacargas hidráulicos.

Los trabajos para obtener la certificación debe ser encargada de realizar a un Ingeniero Certificador, el que  debe tener inscripción vigente en el Registro Nacional de Instaladores, Mantenedores y Certificadores de Ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas que mantiene el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, conforme a las condiciones establecidas en la ley 20.296 y el Decreto N. 42 de 2012 del Minvu. En la actualidad, dicho Registro Nacional, al día de hoy, cuenta con 27 profesionales Certificadores, 138 profesionales Mantenedores y 22 Empresas o Profesionales Instaladores. La misma ley establece que la certificación de un ascensor tiene una validez de un año. Transcurrido este tiempo el equipo debe ser nuevamente sometido a la certificación correspondiente por un certificador autorizado para estos efectos.

Proceder a la Certificación

El proceso de certificación se inicia con la elección y luego contratación de un profesional Certificador registrado en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Los honorarios de este funcionario deberán ser  pagados por la comunidad y estos tendrán un valor que dependerá del tipo de ascensores, del número de pisos del edificios, del número de paradas de cada cabina y del estado general de los equipos según hayan sido eficientes o no las mantenciones contratadas. Este proceso tiene, además, el riesgo de que, si las mantenciones no han sido todo lo eficientes que debieran, este certificador estará obligado a detener aquellas cabinas que, a su juicio, no cumplan con los estándares mínimos para operar y, por lo tanto, puedan significar un riesgo para los usuarios.

Durante el proceso de certificación, hay muchos elementos que lo hacen tremendamente gravoso. En efecto, entre las exigencias de las nuevas normas, están por ejemplo, la obligatoriedad de contar con botoneras que tengas incorporados los números en sistema Braille, y, adicionalmente, se deben incorporar una cantidad importante de elementos de seguridad tanto en las salas de máquinas como en los techos de las cabinas y otros.

Esto nos lleva a plantearnos que, por ejemplo, aquellas administraciones que o fueron descuidados con la supervisión de las mantenciones o bien no exigieron a los Comités realizar las inversiones necesarias, hoy se verán, posiblemente, enfrentados a gastos importantes y que, muchas Comunidades no podrán asumir, sobretodos, aquellas cuyos edificios tiene más de 15 años construidos.

 Pero ¿quién fiscaliza que los ascensores sean certificados? Nuestro Ingeniero Certificador nos señala:  la autoridad que debe efectuar la fiscalización es la Dirección de Obras Municipal a través de su personal e inspectores de terreno. Las certificaciones efectuadas por el Certificador registrado deben ser puestas en un lugar visible del ascensor, e ingresadas y registradas en la Dirección de Obras Municipales respectiva, como establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. El no ingreso oportuno deberá ser puesto en conocimiento del Juzgado de Policía Local, por la Dirección de Obras Municipales", dice nuestro asesor.

Sin embargo,  hoy un porcentaje muy bajo de los equipos de elevación vertical y traslado de personas se encuentran certificados para su funcionamiento, careciéndose de la información sobre sus sistemas de control de seguridad y detención en caso de emergencia o falla. Esto se debe, principalmente, al poco conocimiento que tienen los usuarios de la normativa que regula el funcionamiento de los ascensores, considerando que esta norma lo hace partícipe en la exigencia de requerir, al propietario o administrador, que certifique los ascensores de los cuales hace uso el edificio.

Un par de buenos consejos

Dado que la norma ya entró en vigencia y por lo tanto, a partir de ahora, cualquier incidente en un ascensor, puede dar motivo a que el usuario inicie acciones en busca de encontrar a quien debe responsabilizarse y, más aún, quien debe asumir los costos de este incidente, es indispensable iniciar ya la búsqueda del Certificador, tomando habida cuenta de que sólo hay 27 certificadores Registrados en MINVU (Si requiere el listado oficial, puede solicitárnoslo, gratuitamente, a nuestro correo) y por lo tanto mientras más tiempo transcurra, será más difícil encontrarlo.

Al mismo tiempo, se debe tener presente que iniciar el proceso de certificación, trae aparejado dos importantes riesgos: uno, que la Comunidad no tenga los recursos necesarios para realizar las reparaciones que, a partir del proceso de certificación serán ineludibles y dos, que si el nivel de calidad de las mantenciones ha sido históricamente deficiente, se transforma en altísima la posibilidad de que sus ascensores sean detenidos por falta de garantías para los usuarios.

Entonces, manos a la obra y certifiquemos…cualquier información de los lectores, serán un aporte de alto valor…los esperamos

En días pasados, un importante matutino de la capital publicó una sensacionalista noticia que titulaba, en su página B8, “ahorros en gastos comunes pueden llegar hasta 50% en edificios sustentables LEED”. Evidentemente, una noticia como esta, en períodos de aumento de gastos por los temas de colegios, patentes, útiles escolares, etc., hace mucho ruido y provoca tremendas discrepancias al interior de las miles de comunidades de edificios en el país, haciendo pensar a las personas, que la falta de ahorros en su edificio, es solamente, responsabilidad de la inoperancia de su Administrador.

Leído con detalle el reportaje en cuestión, termina desencantando a los lectores haciéndonos pensar que hubo algún error en el título, pero no, no hay error en el título, sino la presentación de una noticia sin sustento y, peor aún, sin ningún elemento que la haga coherente. Si no veamos: en el país, actualmente, hay nueve, sólo nueve desarrollos residenciales LEED y cinco más en proceso de evaluación, es decir, 0.05% de la edificación de la RM.  Algunos representantes de empresas inmobiliarias, señalan que han logrado, en una torre con sello Leed Gold, ahorros de un 23% en energía respecto de la media nacional y logran un 33% de menor consumo de agua, cifra que subiría a 75% en el ítem, riego.

Un simple análisis comparativo, nos permite determinar que, de ninguna manera, estos menores consumos en alguna edificación con sello Leed, podría hacer disminuir el gasto común mensual en un 50%. Desafiamos a la empresa Nai Sarrá a que nos demuestre, con cifras de gastos reales, ese ahorro del que hacen mención y que, a todas luces, parece imposible. Esto, porque dicha empresa, señala que “el ahorro en los gastos comunes se sitúa  entre 30% y 50% en este tipo de edificaciones respecto de una normal.

Finalmente, hay empresas inmobiliarias que señalan, “la gente no entiende y por lo tanto no valora lo que es este menor valor en el tiempo, ya que la inversión inicial es mayor porque la tecnología para aprobar con sello Leed al edificio significa una inversión más alta”, Es quizás por ello, que varias inmobiliarias importantes, no sólo en la RM, ven que en todo el país el escenario es parecido, por lo que han desistido de continuar postulando al Leed,

Frente a este corolario, nos parece inadecuado titular, de la forma que se hizo, un anuncio que no es tal, apenas es un proyecto en su etapa inicial y, no nos cabe la menor duda de que no hay ninguna posibilidad de que se demuestre la veracidad de lo titulado.

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