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Noticias Copropiedad

Noticias Copropiedad (16)

En efecto, el sólo nombre me lleva la memoria a épocas terribles en que la humanidad observó, incrédula, como la segregación era aplicada para preservar  la pureza de la especie.  Frente a ello el mundo reaccionó jurando que no volvería a suceder… Y está sucediendo…

En muchos países y ahora en el nuestro, estamos asistiendo a la más tremenda forma de rentabilizar una inversión habitacional, a costa de llevar la calidad de vida de los beneficiarios,  a su más mínima expresión. Es así como, por ejemplo, en estas torres de la Comuna de Estación Central,

1)      No existen estacionamientos suficientes para residentes y, por supuesto, mucho menos para sus visitas, requisito insoslayable en cualquier edificación y en cualquier Comuna, claro, con la excepción de EC;

2)      Considerando la cantidad de personas, que habitan esas torres más sus visitas, se han considerado tres ascensores para cada torre, lo que implica largas esperas para abordarlo y llegar a casa después de una jornada laboral. En cualquier comuna del país con Plano Regulador, la cantidad de ascensores está definido por la carga promedio de personas que habita el lugar y que los usarán;

3)      La extracción de residuos sólidos tampoco fue considerada, de tal forma que los camiones recolectores tuvieran los accesos y las condiciones de retiro que los volúmenes de basura requirieran, eso tampoco ocurrió, generando tremendos problemas al edificio y a los vecinos.

Así, podríamos continuar con una larga lista de deficiencias, como el nivel de ruido, la sobrepoblación por unidad u otras que afectará, irremediablemente, la calidad de vida de las personas. Está claro que quienes construyeron no pensaron en ninguno de estos problemas, sólo calcularon la rentabilidad y así realizaron un enorme aporte a sus bolsillos y otro mayor a la segregación de las personas, las que, invariablemente, terminarán enfermas y el edificio presentará una altísima rotación con un mayor deterioro y pérdida de su plusvalía.

Ahora viene una gran pregunta, ¿Alguien pensó en cómo se podrá administrar una mole de estas características? La respuesta hoy es desconocida, quizás en un año más exista una fórmula que permita administrarla, en especial considerando que estas moles, necesitan mantenciones, las que deberán ser más frecuentes dado el mayor nivel de uso que tendrán.

En atención a su tamaño, requieren una dotación de personal importante, tanto para labores de aseo como de control de acceso de personas y además, el personal necesario para el manejo de los residuos.

Requerirán normas de conducta muy bien reguladas y alguna autoridad de la Comunidad que las haga respetar y así, la lista de necesidades es muy larga y, desgraciadamente, todas ellas significan costos.

La experiencia ha ido demostrando que, a mayor tamaño de los edificios, la administración de ellos comienza a ser mucho más difícil. Si además consideramos que el carácter de los ciudadanos se ha deteriorado en demasía y junto con ello aflora la falta de respecto, la insolencia, la agresividad y otra serie de calificativos similares, nos encontramos enfrentado a un escenario muy conflictivo. Si amplificamos este análisis a edificios con más de 1.000 departamentos con mil problemas diferentes, es imaginable la dificultad que ello puede llegar a ser.

Sumémosle a estos antecedentes, la, cada vez mayor, desconfianza de las personas en las personas. Tanto hecho de corrupción donde la danza de miles de millones robados por personas que, finalmente, después de un tiempo, se diluyen en el olvido y  nadie paga, hace que  a los Administradores se nos tilde de “corruptos” desde antes de conocer nuestro trabajo, nuestras formas de hacer gestión, y de escuchar nuestras recomendaciones, por ello, pensamos que, en condiciones normales ya se nos hace muy difícil la tarea de realizar un trabajo de por sí muy incomprendido, pensamos entonces, como podría ser en edificaciones del tamaño de los edificios de Estación Central.

Entendemos al Intendente Orrego, sin embargo, su denominación de guetos verticales, sólo le dio una enorme amplificación a estos hechos, pero, en estricto rigor, nada ha cambiado, y eso es lo que los ciudadanos reclaman, son muchas palabras rimbombantes, pero ninguna otra autoridad ha dicho ni hecho nada para evitar que en el futuro, nuestros compatriotas continúen segregándoseles en Estación Central con nuevos edificios de este tipo.

Falta una acción decidida de la autoridad para definir normas de construcción que tengan un carácter humano, que dignifiquen a sus habitantes y que permitan crear ciudades de compatriotas alegres y felices de tener “un techo” pero  muy grato. He revisado las posturas de profesionales en el mundo que, pensando en edificaciones masivas, las han dignificado de una forma que, vivir masivamente así es un placer, si no, veamos este edificio The Interlace en Singapur.

 

Son más de 1200 unidades, distribuidas entre oficinas, comercio y  departamentos, privilegiando las áreas verdes  y la aireación  de los módulos y en consecuencia, entregándole al residente, una calidad de vida de excelencia y a la ciudad, un entorno envidiable, moderno y, probablemente, más rentable que estas feas moles en Santiago.

Por último, es muy lamentable que, una vez más, los Administradores de Edificios hayan sido ignorados tanto para planificar estas moles como para expresar críticas y escuchar nuestras sugerencias, 80 años de experiencia, entre la promulgación de la ley 6.071 en Agosto de 1937 hasta la promulgación de la ley 19.537 del 16 de diciembre de 1997, fecha a partir de la cual se  comienzan a formar las organizaciones gremiales, nos dan la autoridad suficiente como para expresar nuestra opinión.


 

 

 

 

Ponemos en su conocimiento la carta que nuestro Director y Presidente del RNA ha dirigido a los colegas  y a los medios dando respuesta a las graves injurias exhibidas por el diario El Mercurio y Emol.cl el día 03 de Abril pasado. Agradeceremos sus comentarios.

Hemos asistido con no poca sorpresa pero sí con una enorme perplejidad, al reportaje emitido por el diario de circulación nacional El Mercurio que, dándole cabida a un sub comisario de la PDI, señor Alex Manriquez,  quien no teniendo la menor idea de cómo funciona la gestión del Administrador y de cómo se desarrolla toda la gestión de la administración de comunidades, asumió como propios los dichos del señor Presidente del CGAI don Sergio Román que, entre otras cosas, sostuvo, con absoluta liviandad, que sólo los administradores colegiados en el CGAI eran recomendables para evitar estafas, organización que, por lo demás, no alcanza a los 180 socios y que como queda demostrado en las opiniones vertidas en Emol.cl, tanta pulcritud, no sería una aseveración cierta.


 

 

 

Los desafíos en esta materia van de la mano de capacitar al personal idóneo para el rescate de personas en un ascensor, teniendo en cuenta que hay marcas y tecnologías diferentes. La Cámara Chilena de la Construcción elaboró un manual de ascensores en el cual se plantean recomendaciones de seguridad.


 

Empezaremos por explicar que es la Copropiedad Inmobiliaria (concepto): es una institución jurídica que hace alusión al conjunto de normas que regulan la división y organización de diversos inmuebles, como resultado de la segregación de un edificio común a los copropietarios.

De acuerdo a la  Enciclopedia Wikipedia, en sí la Copropiedad Inmobiliaria no es un bien inmueble en particular sino un régimen que reglamenta la forma en que se divide un bien inmueble común, la relación entre los propietarios de los bienes privados y los bienes comunes que han sido segregados de un terreno o edificio. La Copropiedad Inmobiliaria permite la organización de los copropietarios y el mantenimiento de los bienes comunes.

 

El seremi de Salud de la Región Metropolitana, Carlos Aranda, fiscalizó durante esta mañana dos piscinas de edificios y condominios de la capital, para constatar el cumplimiento de la normativa sanitaria en estos recintos de alta concurrencia, debido a las altas temperaturas y el inicio de las vacaciones de los escolares.

Ayer 31 de Mayo de 2016, nuestro Director, Renato Deformes, fue entrevistado por chvnoticias para opinar sobre las repercusiones de una comunidad tras la supuesta estafa de un administrador.

 

Para ver la noticia, haga clic aquí

La ley establece que la certificación de un ascensor tiene una validez de un año. Transcurrido este tiempo, el equipo debe ser nuevamente sometido a la certificación correspondiente, por un ente autorizado para estos efectos.  

 

Los ascensores se han transformado en aliados de todos quienes residen o trabajan en edificios de altura y transportan a una gran cantidad de usuarios cada día.

Pero en todo proyecto inmobiliario, los ascensores deben cumplir con ciertas características específicas en cuanto a su instalación, mantenimiento y operación, estos aspectos son los que establece la autoridad competente, en este caso el Minvu. "Especialmente, la normativa NCh 440/1.Of2000 que habla de los requisitos mínimos de diseño, instalación y operación para ascensores electromecánicos y la NTM006 (Norma técnica Minvu N° 006) que habla de los requisitos mínimos de diseño, instalación y operación para ascensores electromecánicos frente a sismos. Pero además, la instalación, mantenimiento y operación,  dependerá de las especificaciones técnicas de cada producto y que son características propias de cada fabricante". Adicionalmente,  para satisfacer los requisitos de diseño sísmico, la autoridad establece que se debe demostrar el cumplimiento de los requisitos de las normas ASME A17.1, o Japan Code (BSJ), o NZS 4332:1997 u otra de fabricación de sistemas de ascensores que contenga requerimientos de detalle sísmico.

Conforme a la norma

Un  ingeniero civil mecánico, certificador registrado en el Minvu y por lo tanto, especialista en inspeccionar ascensores, comenta que la certificación de los ascensores se ejecuta conforme a las normas oficiales de la República de Chile NCh 440/1 y NCh 2840/1 para ascensores y montacargas eléctricos; NCh 440/2 y NCh 2840/2 para ascensores y montacargas hidráulicos.

Los trabajos para obtener la certificación debe ser encargada de realizar a un Ingeniero Certificador, el que  debe tener inscripción vigente en el Registro Nacional de Instaladores, Mantenedores y Certificadores de Ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas que mantiene el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, conforme a las condiciones establecidas en la ley 20.296 y el Decreto N. 42 de 2012 del Minvu. En la actualidad, dicho Registro Nacional, al día de hoy, cuenta con 27 profesionales Certificadores, 138 profesionales Mantenedores y 22 Empresas o Profesionales Instaladores. La misma ley establece que la certificación de un ascensor tiene una validez de un año. Transcurrido este tiempo el equipo debe ser nuevamente sometido a la certificación correspondiente por un certificador autorizado para estos efectos.

Proceder a la Certificación

El proceso de certificación se inicia con la elección y luego contratación de un profesional Certificador registrado en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Los honorarios de este funcionario deberán ser  pagados por la comunidad y estos tendrán un valor que dependerá del tipo de ascensores, del número de pisos del edificios, del número de paradas de cada cabina y del estado general de los equipos según hayan sido eficientes o no las mantenciones contratadas. Este proceso tiene, además, el riesgo de que, si las mantenciones no han sido todo lo eficientes que debieran, este certificador estará obligado a detener aquellas cabinas que, a su juicio, no cumplan con los estándares mínimos para operar y, por lo tanto, puedan significar un riesgo para los usuarios.

Durante el proceso de certificación, hay muchos elementos que lo hacen tremendamente gravoso. En efecto, entre las exigencias de las nuevas normas, están por ejemplo, la obligatoriedad de contar con botoneras que tengas incorporados los números en sistema Braille, y, adicionalmente, se deben incorporar una cantidad importante de elementos de seguridad tanto en las salas de máquinas como en los techos de las cabinas y otros.

Esto nos lleva a plantearnos que, por ejemplo, aquellas administraciones que o fueron descuidados con la supervisión de las mantenciones o bien no exigieron a los Comités realizar las inversiones necesarias, hoy se verán, posiblemente, enfrentados a gastos importantes y que, muchas Comunidades no podrán asumir, sobretodos, aquellas cuyos edificios tiene más de 15 años construidos.

 Pero ¿quién fiscaliza que los ascensores sean certificados? Nuestro Ingeniero Certificador nos señala:  la autoridad que debe efectuar la fiscalización es la Dirección de Obras Municipal a través de su personal e inspectores de terreno. Las certificaciones efectuadas por el Certificador registrado deben ser puestas en un lugar visible del ascensor, e ingresadas y registradas en la Dirección de Obras Municipales respectiva, como establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. El no ingreso oportuno deberá ser puesto en conocimiento del Juzgado de Policía Local, por la Dirección de Obras Municipales", dice nuestro asesor.

Sin embargo,  hoy un porcentaje muy bajo de los equipos de elevación vertical y traslado de personas se encuentran certificados para su funcionamiento, careciéndose de la información sobre sus sistemas de control de seguridad y detención en caso de emergencia o falla. Esto se debe, principalmente, al poco conocimiento que tienen los usuarios de la normativa que regula el funcionamiento de los ascensores, considerando que esta norma lo hace partícipe en la exigencia de requerir, al propietario o administrador, que certifique los ascensores de los cuales hace uso el edificio.

Un par de buenos consejos

Dado que la norma ya entró en vigencia y por lo tanto, a partir de ahora, cualquier incidente en un ascensor, puede dar motivo a que el usuario inicie acciones en busca de encontrar a quien debe responsabilizarse y, más aún, quien debe asumir los costos de este incidente, es indispensable iniciar ya la búsqueda del Certificador, tomando habida cuenta de que sólo hay 27 certificadores Registrados en MINVU (Si requiere el listado oficial, puede solicitárnoslo, gratuitamente, a nuestro correo) y por lo tanto mientras más tiempo transcurra, será más difícil encontrarlo.

Al mismo tiempo, se debe tener presente que iniciar el proceso de certificación, trae aparejado dos importantes riesgos: uno, que la Comunidad no tenga los recursos necesarios para realizar las reparaciones que, a partir del proceso de certificación serán ineludibles y dos, que si el nivel de calidad de las mantenciones ha sido históricamente deficiente, se transforma en altísima la posibilidad de que sus ascensores sean detenidos por falta de garantías para los usuarios.

Entonces, manos a la obra y certifiquemos…cualquier información de los lectores, serán un aporte de alto valor…los esperamos

En días pasados, un importante matutino de la capital publicó una sensacionalista noticia que titulaba, en su página B8, “ahorros en gastos comunes pueden llegar hasta 50% en edificios sustentables LEED”. Evidentemente, una noticia como esta, en períodos de aumento de gastos por los temas de colegios, patentes, útiles escolares, etc., hace mucho ruido y provoca tremendas discrepancias al interior de las miles de comunidades de edificios en el país, haciendo pensar a las personas, que la falta de ahorros en su edificio, es solamente, responsabilidad de la inoperancia de su Administrador.

Leído con detalle el reportaje en cuestión, termina desencantando a los lectores haciéndonos pensar que hubo algún error en el título, pero no, no hay error en el título, sino la presentación de una noticia sin sustento y, peor aún, sin ningún elemento que la haga coherente. Si no veamos: en el país, actualmente, hay nueve, sólo nueve desarrollos residenciales LEED y cinco más en proceso de evaluación, es decir, 0.05% de la edificación de la RM.  Algunos representantes de empresas inmobiliarias, señalan que han logrado, en una torre con sello Leed Gold, ahorros de un 23% en energía respecto de la media nacional y logran un 33% de menor consumo de agua, cifra que subiría a 75% en el ítem, riego.

Un simple análisis comparativo, nos permite determinar que, de ninguna manera, estos menores consumos en alguna edificación con sello Leed, podría hacer disminuir el gasto común mensual en un 50%. Desafiamos a la empresa Nai Sarrá a que nos demuestre, con cifras de gastos reales, ese ahorro del que hacen mención y que, a todas luces, parece imposible. Esto, porque dicha empresa, señala que “el ahorro en los gastos comunes se sitúa  entre 30% y 50% en este tipo de edificaciones respecto de una normal.

Finalmente, hay empresas inmobiliarias que señalan, “la gente no entiende y por lo tanto no valora lo que es este menor valor en el tiempo, ya que la inversión inicial es mayor porque la tecnología para aprobar con sello Leed al edificio significa una inversión más alta”, Es quizás por ello, que varias inmobiliarias importantes, no sólo en la RM, ven que en todo el país el escenario es parecido, por lo que han desistido de continuar postulando al Leed,

Frente a este corolario, nos parece inadecuado titular, de la forma que se hizo, un anuncio que no es tal, apenas es un proyecto en su etapa inicial y, no nos cabe la menor duda de que no hay ninguna posibilidad de que se demuestre la veracidad de lo titulado.

Tal como lo lee. En la actualidad, algunos servicios públicos como la Inspección del Trabajo o la Seremía de Salud, han establecido, como meta, realizar supuestas fiscalizaciones a las Comunidades de Edificios y, a través de este método, obtener importantes recursos por la vía de las multas que producen las “deficiencias” encontradas.

Ahora bien, la metodología es diferente según sea el servicio del que estemos hablando, pero, finalmente, el objetivo final que es recaudar, se termina cumpliendo igual a costa de todos los residentes de las comunidades que tienen que pagar. La razón de la aplicación de esta suerte de impuesto encubierto, se basa en que no es desconocido para nadie y menos para las autoridades, que, las comunidades sujetas a las normas de la ley 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria, mueven cada mes, en la compra de bienes productos y servicios, la no despreciable suma de $ 85.000.000.000. Si, tal como le ve, ochenta y cinco mil millones de pesos al mes, dinero que es aportado por cada uno de los más de un millón de familias que viven  bajo este régimen de vida y lógicamente, resulta entonces muy atractivo ayudar al financiamiento de algunas reparticiones mediante este burdo procedimiento.

Pero veamos un par de ejemplos: la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, en forma permanente ha aplicado, en algunas Comunidades de Edificios, la técnica de realizar una visita inspectiva para requerir la exhibición de la documentación laboral del edificio a las 14:00 horas, cuando el personal a cargo se encuentra almorzando o después de las 19 horas cuando ya el personal administrativo se retiró. En el caso particular de una Comunidad, esta cuenta con casi 30 empleados, un Sindicato, con una recientemente concluida negociación colectiva y una cómoda oficina donde se guarda la totalidad de la información financiera y administrativa y por lo tanto, toda la documentación laboral está siempre al día y disponible para quien quiera consultarla.

Frente a esta situación, luego de una de estas visitas fallidas, la administración tomó contacto con el Jefe de la Unidad de la oficina, pensando, ingenuamente, que lo que en verdad quería el fiscalizador, era corroborar la existencia de toda la información documentaria que le correspondía a cada trabajador. Pero no, en primer lugar este funcionario no saludó, no ofreció asiento y jamás dejó de mirar a la pantalla de su computador, en una actitud grosera para con un contribuyente, ya que sólo dejó de atender sus tareas “urgentes” como señaló, luego que el visitante le indicara que se retiraba ante una actitud tan descortés. No obstante, lo más grave de la breve reunión fue que, según se constató de la respuesta del Jefe de la Unidad, la normativa legal, permitía, si, permitía realizar este tipo de acciones y que el criterio y las buenas prácticas, no estaban establecidas en la norma por lo que, no se consideraban y por lo tanto, correspondía la multa, esto, aunque la Comunidad tuviera todo en orden, lo que jamás se constató, claro, porque no era lo gravitante.

Pero veamos otro servicio público que opera de una manera similar. La Secretaría Regional Ministerial de Salud. Si bien hay ciertas diferencias en los procedimientos, el resultado final apunta al mismo objetivo: recaudar fondos a como de lugar. En este caso el procedimiento es visitar un edificio que tenga central térmica, en un caso específico, un día domingo a las 10:00 de la mañana, es decir, cuando no se encuentra nadie responsable en el recinto y luego de la visita del fiscalizador, encuentra algunas deficiencias que se deben corregir. Se da inicio a un sumario sanitario por las deficiencias y se pacta la visita para verificar las correcciones realizadas, pero igualmente se cursa una multa de 12 UTM, la que se podría apelar si no se notificara esta resolución, con más de 60 días de atraso, impidiendo de esta forma apelar en los cinco días siguientes.

Pero veamos, se realiza la visita para verificar las reparaciones y se encuentran todos los elementos subsanados, pero la multa sigue a firme, pero, increíble, ahora se detecta que el extinguidor de la sala de caldera esta vencido hace 10 días y el operador de caldera tiene vencido recientemente su certificado, el que no podrá renovar porque la SEREMI dictó el Decreto 10 el que hará obligatorio el 4° Medio rendido para quien se presente a los exámenes para obtener la certificación de Operador de Calderas. Todo esto, genera un segundo sumario sanitario y una nueva multa.

Este portal cree que es necesario hacer algunas consideraciones importantes.

·         Primero: Esta nueva práctica de recaudación resulta enormemente grave, considerando que en la mayoría de los casos, serán los residentes quienes deberán aportar, pequeñas sumas, es cierto, pero que acumuladas, permitirán pagar las fuertes sumas aplicadas por estos servicios públicos.-

·         Segundo: La autoridad jamás piensa en la contraparte y en su realidad. ¿Es probable encontrar conserjes, con el nivel de remuneraciones que percibe, que posea 4° Medio para cumplir con la normativa?

·         Nos preguntamos si, ¿el verdadero objetivo de las fiscalizaciones es en verdad corregir las deficiencias, mejorar los estándares y detectar las irregularidades o, según la actual forma de operar, es sólo una pantalla para recaudar recursos frescos? Los invito a ver el siguiente enlace:

·         http://www.diariopurochile.com/escandalo-sobre-atribuciones-legales-de-la-seremi-de-salud-metropolitana/

·         Curiosamente, en la página de Gobierno Transparente, al consultar el presupuesto de la Secretaria Regional Ministerial de Salud Metropolitana para saber los montos recaudados por multas, todas las partidas aparecen sin información disponible, ello hace más preocupante observar los procedimientos utilizados. Si ha leído el informe del link adjunto se podría pensar en que el presupuesto de esa repartición pública se compone de la recaudación por multas principalmente. ¿Es un impuesto encubierto?

Este portal continuará recogiendo información para dilucidar qué es lo que está pasando con las Comunidades de Edificios. La Inspección del Trabajo, la Seremi de Salud, el OS10 de Carabineros, entre otras entidades, están fortaleciendo sus presupuestos procediendo a sancionarlas con fiscalizaciones de dudosa calidad profesional y menor calidad ética. Creo que es el momento de comenzar a hacer público este tipo de procedimientos sorprendiéndonos sí, el que las organizaciones gremiales de los Administradores de Edificios nada digan al respecto.

 Señores  de La Mañana de Chilevisión

 Presente

Ante la imposibilidad de tomar contacto por ningún medio con alguna persona responsable de este espacio, no he tenido más remedio que hacer uso de esta casilla de correos, esperando que la responsabilidad de quien lo lea, lo haga llegar al Director responsable del espacio en cuestión. En todo caso, el presente correo tiene por objetivo principal expresar una queja formal y a la vez, manifestar mi mas absoluta decepción por la pésima calidad de la información que, en forma habitual, entregan a sus seguidores.

En efecto, uno, como televidente, tendería a esperar de parte del equipo que compone la Mañana en Chilevisión, una alta calidad profesional cuando se trata de exponer, publicamente, problemas que aquejan a la comunidad y en el curso de dichas exhibiciones, se entregan informaciones incorrectas, y en ocasiones, absolutamente alejadas de la verdad y de la realidad. Mucho más grave es este tipo de acciones cuando provienen de un profesional, abogado, que, suponemos que maneja la ley a cabalidad.

Me refiero al reportaje exhibido en la mañana de hoy en su espacio, referido a un problema acaecido en un edificio de departamentos del centro de Santiago. Es así como se hizo una reseña de dicha situación, sin la más mínima objetividad y menos aún, con algún grado de previa documentación sobre el hecho mismo, de manera de poder entregar a su público, un grado de información tal, que sirviera de ejemplo a la audiencia frente a situaciones de similares características. Sin embargo, se procedió a realizar un relato inconexo, a momentos de absoluta falsedad y, por sobre todo, con exasperante desconocimiento de la legalidad vigente, sobretodo, expresado por un personaje que decía ser abogado y que, incluso, desconocía, gravemente por ejemplo, los quorums establecidos en la ley 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria para los distintos tipos de asambleas de copropietarios.

Tal nivel de ignorancia sobre el tema, llevó a unos de los conductores a manifestar, por ejemplo “los gastos comunes han subido, en circunstancias de que deberían bajar”…¡sic¡, o el de otra conductora que manifestó que (el administrador) “ debería ir todos los días para atender las preguntas de las personas…”, por último, el abogado, muy suelto de cuerpo, manifiesta que el Administrador es “un empleado del edificio” en circunstancias que la ley 19.537, señala, con exactitud que es un prestador de servicios, a honorarios y sin vínculo de dependencia según la Dirección del Trabajo. Estos ejemplos demuestran que los panelistas, no saben nada, ni cercanamente, sobre Copropiedad Inmobiliaria, ni saben de los conflictos que surgen dentro de las comunidades, muchas veces, originados por el alto índice de violencia que manejan las personas hoy en día o, simplemente, por pequeñas ansias de cuotas del pequño poder que pueden manejar los miembros de los Comités de Administración y con ello, concurren a desinformar a los ciudadanos que viven bajo el régimen de copropiedad inmobiliaria, entregándoles información falsa que, posiblemente, les puedan acarrear muchos malos ratos por dar como ciertas, informaciones erradas entregadas por un importante medio de comunicación como lo son Uds.

Frente a estos hechos, sugiero a Uds. primero, aclarar, adecuadamente, los dichos errados emitidos durante el programa de hoy y para ello, pueden recurrir a muchos especialistas sobre la materia, y segundo, considerar, como un hecho de alta responsabilidad, contar con la presencia de un experto de verdad cuando nuevamente toquen temas de la vida en comunidad. Ello, no sólo enaltecerá su propio concepto de la información veraz y oportuna, sino que ayudaráq a mejorar el nivel de información y conocimientos que, sobre esta materia, manejan los ciudadanos comunes y corriente.

De todos modos, y como no tengo muchas esperanzas de que este correo llegue a sus manos, digo esto por la imposibilidad de encontrar un correo electrónico visible de algún responsable jerárquico de su estación, este correo será publicado en el sitio www.copropiedad.cl sitio dirigido a los administradores de edificios y miembros de comité de administración del país como también será enviado por e-mail a todos los administradores de edificios del país tanto asociados a nuestra organización como a otras de igual importancia.

 

Sin otro particular, saluda a Uds. muy atentamente

 

 

Renato Deformes Torres

Registro Nacional de Administradores A. G.

 Teléfono: 8 6640431

 

www.copropiedad.cl

 

http://www.chilevision.cl/matinal/reportajes/pelea-en-administracion-de-edificio-por-cobros-abusivos-termino-a/2015-11-18/090048.html

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